Resultados Financieros de Maxwell Cremona y Desarrollos Judiciales Relacionados con su Propietario

Maxwell Cremona, la consultora sanitaria propiedad de Alberto González Amador, socio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, registró pérdidas contables de 26.236 euros en el ejercicio de 2025, con una facturación que alcanzó los 709.738 euros. Estos resultados económicos se divulgan en un contexto en el que González Amador está procesado por presuntos delitos fiscales, con un juicio aún sin fecha definida. Concomitantemente, se han documentado diversas transacciones inmobiliarias y desarrollos judiciales relacionados con el empresario y su entorno.

Análisis Financiero de Maxwell Cremona y Movimientos Patrimoniales

La empresa Maxwell Cremona, de la cual González Amador es propietario y administrador único, presentó una facturación de 709.738 euros en el último ejercicio, lo que representa una reducción de casi el 25% respecto a los ingresos de 2024, cuando obtuvo un beneficio de 93.678,73 euros. La consultora ha pasado de registrar beneficios a reportar pérdidas contables de 26.236 euros en 2025.

El activo de la compañía también experimentó una reducción en 2025, descendiendo de 563.412,51 euros a 240.490,12 euros, tras haber superado los 2,2 millones de euros en 2023. Las cuentas corporativas reflejan asimismo el pago de un dividendo de 1.225.000,00 euros con cargo a reservas. Este importe es idéntico al dividendo abonado en 2024, sumando un total de 2,45 millones de euros distribuidos a su propietario en dos años.

A pesar de la disminución de la facturación en 2025 en comparación con 2024, los 709.738 euros ingresados duplican los aproximadamente 350.000 euros registrados por la empresa en 2019. A partir de 2020, la cifra de negocios de Maxwell Cremona experimentó un incremento, en coincidencia con el periodo en que presuntamente se defraudó al Fisco más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021, mediante un esquema que involucraba facturas presuntamente falsas y empresas interpusas. Desde que su relación con Isabel Díaz Ayuso trascendió en 2021, González Amador ha facturado casi seis millones de euros a través de Maxwell Cremona.

Las cuentas anuales de la empresa, una PYME con un capital social de 3.000 euros, no incluyen información sobre su litigio con la Agencia Tributaria, a pesar de las obligaciones contables que demandan la declaración de contingencias fiscales abiertas. No se han proporcionado detalles específicos sobre el origen de los ingresos de la empresa, aunque se ha identificado que su principal cliente desde su establecimiento es el grupo sanitario Quirón, específicamente su filial Quirón Prevención.

Un informe de Hacienda de junio, integrado en otra investigación abierta al empresario, señala que González Amador facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. Tras el inicio de su relación con la presidenta madrileña, los ingresos de González Amador procedentes de la filial del grupo alemán Fresenius experimentaron un aumento, llegando a multiplicarse por siete. Quirón figura como un beneficiario de los acuerdos de externalización sanitaria en la Comunidad de Madrid, recibiendo aproximadamente 1.000 millones de euros anuales a través de conciertos con la administración regional. La plantilla de Maxwell Cremona se mantuvo en cinco empleados en 2025, tras la contratación de personal en 2024.

En 2023, Maxwell Cremona modificó de manera retroactiva las cuentas del ejercicio 2022, transformando un beneficio inicialmente declarado de casi 1,9 millones de euros en pérdidas de 101.489 euros. Este ajuste contable se realizó en un momento en que González Amador intentó regularizar su situación fiscal fuera de plazo y cuando la inspección de Hacienda que resultó en la denuncia de la Fiscalía a principios de 2024 ya estaba avanzada.

Operaciones Inmobiliarias y Contexto Administrativo

En el ejercicio pasado, González Amador formalizó la adquisición de un ático en el distrito de Chamberí. Esta propiedad se sitúa en el piso superior a una vivienda que el empresario adquirió en julio de 2022. Previamente, el ático estaba registrado a nombre de Babia Capital SL, una empresa gestionada por su asesor fiscal, a la que se abonaba un alquiler mensual de 5.000 euros. Actualmente, el empresario ha iniciado el proceso de venta de ambos inmuebles, con la expectativa de obtener 3,42 millones de euros.

Paralelamente, la Comunidad de Madrid adquirió una propiedad en Chamberí por 6,3 millones de euros. Inicialmente, se informó que este inmueble se destinaría a "reuniones". Sin embargo, la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid prohíbe su conversión en oficinas y su uso como residencia oficial. Tras hacerse pública la existencia de esta propiedad, el ejecutivo madrileño ha anunciado su venta por un importe de 6,69 millones de euros. La administración regional ha manifestado que el objetivo de esta venta es contribuir a la reconstrucción tras los incendios de gran magnitud en la Sierra Oeste, si bien los fondos obtenidos no pueden ser asignados directamente a dicho fin según la normativa vigente. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado que presentará esta operación ante la Fiscalía.

Desarrollos Judiciales y Alegaciones

El proceso judicial por los presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador aún no tiene fecha. El Juzgado de lo Penal 19 de Madrid, responsable del caso, ha indicado que el señalamiento de la vista se efectuará:

“considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”.

Esta situación sugiere que el juicio podría no celebrarse antes de 2027, siete años después del inicio de los presuntos delitos fiscales. En noviembre de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión de remitir a González Amador a juicio. La celebración de la vista solo podría evitarse mediante un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, aunque esto no exime de una posible condena con pena de cárcel, cuyo veredicto se conocería en la fecha del juicio.

Dada la cantidad presuntamente defraudada, inferior a 600.000 euros, la ley establece que el caso debe ser juzgado por un Juzgado de lo Penal, compuesto por un único juez, en lugar de la Audiencia Provincial, que cuenta con un tribunal de tres jueces. Los juzgados de lo penal en Madrid presentan una carga de trabajo superior a la de la Audiencia Provincial.

En junio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron sus escritos de acusación, solicitando penas de 3 años y 9 meses de prisión para el empresario. La acusación popular, por su parte, pide 5 años. González Amador no ha prestado declaración en relación con el presunto doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, citando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón. El 4 de noviembre, en su alegato final en el Tribunal Supremo, González Amador declaró:

“Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”.

En esa misma declaración, González Amador alegó que era víctima de una operación del Estado en su contra.

Simultáneamente, avanza la instrucción de una pieza separada relacionada con un presunto soborno al directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino. Se investiga si ambos presuntamente acordaron una comisión de dos millones de euros en el marco de una operación de venta de mascarillas en 2020, que presuntamente fue encubierta mediante la adquisición de una empresa de la esposa de Camino por medio millón de euros, a pesar de su escaso valor. Tras este período, los ingresos de González Amador provenientes de la entidad de sanidad privada se multiplicaron.