Análisis Comparativo de Movilizaciones Sociales en Bolivia y Jujuy: Contexto y Estrategias

Movilizaciones significativas se desarrollan en Bolivia, donde sectores de campesinos y trabajadores mantienen bloqueos por 48 días consecutivos en rechazo a políticas gubernamentales. Estos eventos se enmarcan en un contexto de disputas sobre direcciones estratégicas de protesta y evocan comparaciones con el proceso de movilización registrado en Jujuy, Argentina, durante el año 2023, en torno a una reforma constitucional.

Contexto de las Movilizaciones en Bolivia y Jujuy

En Bolivia, las protestas, que suman 48 días de bloqueos sostenidos, son impulsadas por comunidades campesinas y sectores laborales que manifiestan su oposición a las decisiones del presidente. Sectores empresariales y políticos de derecha han instado a la aplicación de un estado de excepción. No obstante, la administración gubernamental ha mostrado cautela, posiblemente evaluando el riesgo de una escalada. La movilización en San Julián, por ejemplo, ha demostrado una capacidad de organización que sugiere que la resolución de los bloqueos presenta desafíos considerables para el gobierno.

La Central Obrera Boliviana (COB) ha expresado su intención de negociar, si bien existe una percepción de que sus bases podrían ir más allá de los acuerdos propuestos, considerando precedentes de negociaciones previas. Este escenario, según algunos análisis, plantea consideraciones estratégicas para cualquier movimiento que aspire a influir en las estructuras de poder.

La situación en Bolivia ha sido comparada con el descontento popular observado en Jujuy, Argentina, durante 2023, que surgió a raíz de una reforma constitucional impulsada por el gobierno local. Mientras que en Jujuy el proceso de movilización se desarrolló tras un periodo de ocho años de políticas que, según los manifestantes, generaron precarización laboral, reducción salarial y cuestionamientos sobre la gestión de recursos naturales, en Bolivia, el actual ciclo de protestas se ha manifestado con mayor rapidez, constituyendo el segundo levantamiento en aproximadamente ocho meses, en rechazo a medidas económicas y sociales. La percepción de incumplimiento de acuerdos y el rechazo a políticas que, según los manifestantes, profundizan desigualdades socioeconómicas, alimenta la determinación de los sectores movilizados.

Estrategias Sindicales y Desenlace de las Protestas

Diversos análisis internos de los movimientos sociales enfatizan la relevancia de una huelga general que logre una interrupción significativa de la actividad económica para modificar las políticas gubernamentales. En el caso de Jujuy en 2023, se señala la ausencia de un paro general que hubiera incluido a transportistas, mineros, azucareros, bancarios, personal de salud, estatales y docentes. Dicha medida, en combinación con el corte de la estratégica ruta 52 y su empalme con la ruta 9, realizado por comunidades y afectando el transporte de litio, podría haber intensificado la demanda de cambios estructurales entre amplios sectores de la población. Se argumenta que esta posibilidad, potencialmente inscrita en el marco de la movilización, se hizo más evidente tras los eventos represivos en Purmamarca y el 20 de junio, que demostraron la vulnerabilidad de una administración que enfrentaba un amplio cuestionamiento social a su reforma constitucional.

El gobierno de Jujuy, en un momento, tuvo que reconsiderar puntos específicos de la reforma relacionados con la periodicidad de votación y aspectos que afectaban a las comunidades. Se ha señalado que, en algunos círculos, la situación fue interpretada de manera que llevó a no impulsar una huelga general, desaprovechando un posible momento de mayor presión sobre la administración. En el contexto boliviano, la posible incorporación de los mineros, dada su relevancia histórica y estratégica, es vista como un factor que podría influir significativamente en el futuro político del presidente.

Una organización política, el PTS, ha expresado que si hubiera existido una dirección con una estrategia más confrontativa y si los sindicatos (CGT en Argentina, COB en Bolivia) hubieran convocado y ejecutado paros generales, el proceso en Jujuy podría haber tenido un impacto más profundo. El PTS afirma haber realizado esfuerzos en el parlamento y en las calles, abogando por la movilización y la unidad, y promoviendo la necesidad de una huelga general a través de la Asamblea del Pueblo.

Consecuencias y Proyecciones de la Movilización

En Jujuy, tras el cese de la movilización contra la reforma constitucional, se observó que la fuerza popular había llenado calles y rutas, y las comunidades mantuvieron los cortes con firmeza, mientras la docencia sostuvo semanas de paro. Sin embargo, se sostiene que el proceso de lucha experimentó una orientación alternativa. Las direcciones sindicales, incluyendo la CGT, no convocaron a un paro general que habría incorporado a sectores clave y paralizado la provincia. El gobierno, por su parte, mejoró la oferta salarial a la docencia, lo que llevó, en una asamblea de Cedems, a la aceptación de la propuesta, aunque por un margen estrecho. Un sector de docentes, agrupado en la agrupación “9 de abril”, argumentó la necesidad de consultar a las comunidades antes de aceptar, al considerar que se trataba de una lucha unificada.

Este ajuste salarial fue una de las estrategias para desmovilizar. Otras incluyeron el proceso electoral, que actuó como un mecanismo de canalización del descontento, y las promesas de gestión coordinada entre el gobierno provincial y la presidencia de entonces. Estas acciones resultaron en el cese de los cortes de las comunidades y, posteriormente, en preocupaciones sobre el avance de intereses mineros y turísticos en sus territorios. El resultado fue una reducción de la capacidad de las protestas para escalar y modificar el equilibrio de poder. El gobierno local recibió un resultado electoral que, aunque percibido como una expresión de descontento, no abordó las causas estructurales del conflicto.

El sector de docentes agrupado en El Hormiguero, que mantuvo un acampe y rechazó el acuerdo paritario, obtuvo la conducción del gremio Adep en diciembre de 2024 (Nota del Editor: La fecha de este evento podría requerir una clarificación, ya que se menciona en el contexto de un balance retrospectivo). A pesar de presuntas irregularidades en el proceso, la docencia mantuvo su capacidad de movilización, organizando paros y coordinando acciones con otros gremios. Esta energía y el descontento creciente se consideran como factores que podrían reorientarse en el contexto de las políticas del gobierno actual en Argentina. Se destaca el crecimiento de apoyo a ciertas figuras políticas y las ideas de la izquierda, ejemplificado en un acto multitudinario en Jujuy.

Las consecuencias de la reorientación de la lucha en Jujuy incluyeron una profundización del extractivismo del litio. Se reporta un aumento del 30% en la producción de riqueza, mientras empresas como Ledesma realizaron despidos de personal, en un contexto de búsqueda de mayor rentabilidad. Paralelamente, las desigualdades sociales se intensificaron, con un aumento del pluriempleo, la precariedad laboral y la disminución del poder adquisitivo para muchos trabajadores.

La Central General del Trabajo (CGT) de Argentina, por su parte, incrementó su participación institucional, integrándose al ámbito político y contribuyendo a la dinámica existente. Se argumenta que, en el contexto actual, los sindicatos deben optar por la integración institucional o por una postura de independencia frente a las estructuras de poder, buscando la creación de estructuras de base que articulen al conjunto de la clase trabajadora.

El desafío central, según las organizaciones promotoras, es construir una unidad que trascienda las fronteras nacionales, apoyando la lucha en Bolivia como parte de un esfuerzo regional. Esta unidad busca integrar a trabajadores, estudiantes, comunidades indígenas y pequeños productores/comerciantes afectados, con el objetivo de impulsar una huelga general que, según sus defensores, permitiría revertir las políticas de ciertas figuras políticas y sus aliados, y avanzar hacia administraciones que representen los intereses de las mayorías trabajadoras.

Se propone la construcción de un movimiento para la consolidación de una fuerza política representativa de los trabajadores, capaz de articular luchas sectoriales, pueblos originarios y pequeños productores en una estrategia de influencia política. El objetivo final es construir influencia social y política desde las bases para impulsar medidas que busquen transformar las relaciones de producción y las estructuras de poder, aspirando a un gobierno que represente los intereses de las mayorías trabajadoras.