Análisis de Agendas Políticas y su Convergencia Internacional y Española

En el panorama político español e internacional, diversas temáticas como la prioridad nacional, la desregulación económica, la consideración jurídica del embrión, la integridad de los procesos electorales y las políticas climáticas, han adquirido relevancia en el debate público. Esta dinámica se observa en acuerdos de gobierno regionales en España, declaraciones de líderes políticos y la implementación de marcos legislativos, reflejando tendencias identificadas en otras naciones.

Ejes Temáticos en el Debate Político Actual

Declaraciones recientes de líderes políticos han puesto de manifiesto la centralidad de ciertos conceptos. Alberto Núñez Feijóo, al referirse a los pactos de gobierno autonómicos suscritos entre el Partido Popular (PP) y Vox en regiones como Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía, así como el acuerdo presupuestario en la Comunitat Valenciana, afirmó que “Que toda la crítica de los acuerdos con Vox sea ordenar el acceso a las ayudas conforme al arraigo me deja muy tranquilo”. En estos acuerdos, se ha incorporado el concepto de 'prioridad nacional', una idea que ha sido objeto de discusión en el ámbito político español y que ha visto un incremento en su mención en el contexto de la situación en Ceuta.

El concepto de prioridad nacional no es exclusivo del contexto español, sino que forma parte de una agenda de partidos de derecha radical a nivel internacional. Este y otros asuntos, como la propuesta sobre la consideración del no nacido en la Comunidad de Madrid o la integración de la desregulación como cartera de gobierno en Extremadura, así como las declaraciones sobre un posible fraude electoral, sugieren una adopción de modelos políticos observados en países como Francia, Estados Unidos, Hungría y Argentina.

El historiador y especialista en extrema derecha, Steven Forti, analiza que “Si las palabras de la extrema derecha dominan el debate es también porque los contra-relatos democráticos son débiles, defensivos y, a menudo, meramente reactivos”.

Esta dinámica, incluyendo la colaboración discursiva entre el Partido Popular y Vox, así como los desafíos de otras formaciones políticas para promover sus propias agendas ante las reacciones a estas corrientes, contribuye a la consolidación de ciertos discursos.

La Prioridad Nacional: Un Concepto Transnacional

La noción de "preferencia nacional", introducida en 1985 por Jean-Marie Le Pen y el Frente Nacional en Francia, proponía una distinción en el acceso a los servicios sociales entre ciudadanos franceses y extranjeros. Le Pen, en su obra Los franceses primero (Les français d'abord), abordaba la prevalencia de los ciudadanos de origen como respuesta a una supuesta amenaza a la identidad francesa. Con el tiempo, Marine Le Pen, al frente del partido renombrado Agrupación Nacional, llevó a cabo una revisión de la retórica del partido. A pesar de estos cambios, la prioridad nacional ha permanecido como un pilar en su programa, siendo presentada, de cara a los comicios de 2027, como una necesidad económica para "devolver su dinero a los franceses" mediante la priorización del gasto social en detrimento de la población extranjera.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha argumentado que la prioridad nacional "no es más que primar el arraigo de las personas a la hora de acceder a los servicios públicos. Eso es lo que han hecho muchos gobiernos a lo largo de los años”. Aunque este criterio no se ha aplicado de forma generalizada en Francia, se han registrado endurecimientos en los requisitos para migrantes en naciones como Hungría, Polonia e Italia, bajo los gobiernos de Giorgia Meloni.

En esta línea, Jean-Yves Le Gallou, figura asociada a la formulación de la prioridad nacional y posteriormente vinculado a la formación Reconquista de Éric Zemmour, ha propuesto en un libro reciente el concepto de "remigración". Este término, enmarcado en la Teoría del Gran Reemplazo (una idea que sugiere un plan para sustituir la población local europea por migrantes), propone la deportación masiva de población extranjera o de otro origen étnico con el objetivo de preservar la identidad europea.

La remigración es un elemento presente en la agenda de Vox. Un año antes de las negociaciones autonómicas actuales, el partido propuso la expulsión de ocho millones de personas de origen migrante de España. En mayo, durante un encuentro denominado Resum26 en Oporto, Rocío de Meer, portavoz de Vox en temas de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, delineó criterios para dichas deportaciones, incluyendo inmigrantes en situación irregular, personas que hayan cometido delitos o aquellas que "hacen uso de los servicios sociales" debido a la percepción de su estado de "colapso". Adicionalmente, el diputado de Vox Carlos H. Quero defendió en una concentración en Ceuta la promoción de la repatriación, deportación, remigración y la prioridad nacional.

La politóloga Anna López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, señala que “Cuando normalizas el marco de la inmigración como amenaza, suele salir reforzado quien resulta más creíble defendiendo la mano dura, y ese espacio hoy lo ocupa Vox. Sus referentes no son la democracia cristiana europea, sino Trump o Bukele”.

López Ortega subraya que este tipo de debate tiene implicaciones significativas, trascendiendo lo electoral al modificar la percepción sobre quién tiene derecho a formar parte de la comunidad política. Además, la discusión de estos conceptos puede, según la misma analista, desviar la atención de otros asuntos, como se observó en la Comunitat Valenciana, donde el debate de este tipo de políticas coincidió con la discusión de una Ley de presupuestos que contemplaba recortes de 100.000 euros a organizaciones como sindicatos o Cruz Roja, y donde la información sobre el aumento de presupuesto para plazas públicas en educación, sanidad o residencias no fue clarificada.

Enfoques sobre la Vida Pre-Natal y la Gobernanza Económica

A principios de mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), impulsó una ley que reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar, permitiendo el acceso a ayudas y beneficios fiscales desde la acreditación del embarazo. Ayuso declaró previamente en la Asamblea que "Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido". Esta medida se inscribe en una estrategia internacional que busca ofrecer alternativas a la oposición frontal a la interrupción voluntaria del embarazo mediante propuestas enfocadas en incentivos, como ayudas a las madres y la promoción de la "personalidad jurídica del feto" (fetal personhood).

Este marco jurídico, vinculado a ayudas sociales, fiscalidad y responsabilidad civil, se ha implementado en lugares como Georgia (Estados Unidos) desde 2022, donde un feto puede incluirse como "dependiente" en la declaración de impuestos, una medida replicada en Utah y bajo estudio en una decena de otros territorios. En otros estados, el hijo no nacido se considera para el acceso a asistencia social familiar. A nivel local, el Gobierno de Madrid ha declarado que su ley "no va en contra de nadie ni nada” y solo “colisiona con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La Comunidad de Madrid es una de las que registra menos interrupciones de embarazos en el sistema público y ha declinado realizar un censo de objetores, pese a la obligación legal.

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Madrid, a instancias de Vox, aprobó un programa para informar a mujeres sobre un supuesto síndrome postaborto carente de aval científico, decisión que el alcalde José Luis Martínez Almeida tuvo que revertir. Asimismo, la propuesta de Vox en Castilla y León en 2023, liderada por el entonces vicepresidente Juan García-Gallardo, que buscaba obligar a las mujeres a escuchar los latidos del feto o someterse a una ecografía 4D antes de una interrupción, emulando una medida húngara de 2022, no prosperó en las negociaciones de este año. Los latidos del feto en Madrid actualmente solo determinan si una familia es considerada numerosa o puede recibir ayudas. Paralelamente, en Chile, el partido del político José Antonio Kast presentó este mismo mes un proyecto para condicionar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a la escucha del latido fetal.

Discusiones sobre Procesos Electorales y Desregulación Económica

A finales de junio, en España, en un contexto de posible moción de censura o convocatoria electoral, se generaron declaraciones por parte del PP, apoyado por Vox, acerca de un supuesto fraude electoral. Esta teoría señalaba una "ingeniería electoral" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que buscaría crear dos millones y medio de votantes a través de nacionalizaciones de descendientes de españoles exiliados, amparados por la Ley de Memoria Democrática. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió al cuerpo diplomático que “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”.

La promoción de dudas sobre la transparencia de los procesos democráticos ha sido observada en otros contextos. En 2020, el expresidente estadounidense Donald Trump denunció un supuesto fraude electoral, acusación que, según encuestas, es sostenida por más del 60% de sus seguidores, y que precedió al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. De cara a las elecciones de mitad de mandato, Trump ha reiterado sus críticas al sistema electoral. El politólogo Pablo Berardi ha señalado que:

“El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave para la democracia estadounidense porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder”.

Berardi añadió que “Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima”.

En el ámbito de la gobernanza económica, la desregulación ha cobrado importancia. Durante su primer mandato, Donald Trump estableció el Departamento de Eficiencia Gubernamental, un comité asesor centrado en reducir el gasto público y eliminar regulaciones, liderado inicialmente por Elon Musk. En Argentina, Javier Milei, promotor de políticas económicas liberales, creó un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para estructurar sus reformas. Este impulso desregulador se ha reflejado en España, en los acuerdos entre Vox y PP en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Aragón, donde se han establecido consejerías o vicepresidencias con atribuciones en desregulación, a menudo combinadas con carteras de Servicios Sociales y Familia.

El discurso político actual incluye la promoción de principios como la primacía del mercado y un enfoque crítico hacia la intervención pública. Estas ideas han sido elevadas a un nuevo nivel, caracterizado por un cuestionamiento al gasto social y a las estructuras que sustentan el estado del bienestar. Esta tendencia se observa ahora también en España.

El Debate sobre las Políticas Climáticas

En relación con las políticas climáticas, el Partido Popular mostró un acercamiento al escepticismo climático, una postura documentada en sectores de la derecha radical, durante la oleada de incendios de julio. Desde las filas populares se cuestionaron las explicaciones científicas que vinculan el aumento de la intensidad de los fuegos en las últimas décadas con el calentamiento global causado por la actividad humana. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, declaró que "Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer”. Asimismo, afirmó que “Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene”.

Esta línea argumental tiene paralelismos internacionales. En Estados Unidos, el expresidente Trump anunció la retirada del país del Acuerdo de París en su primer día de mandato, ya había retirado al país durante su primera legislatura. Su administración también eliminó más de 7.500 millones de dólares en subsidios para proyectos de energía limpia, declaró una “emergencia energética nacional” para potenciar la producción de petróleo y gas, y defendió el uso del carbón como “limpio y hermoso”.