Cinco Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid Revisan la Decisión sobre Juicio con Jurado Popular para Begoña Gómez

Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid iniciaron esta semana la revisión de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de someter a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a los co-encausados Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales. La resolución final sobre el procedimiento se espera para los próximos días.

Desarrollo Judicial y Antecedentes Procesales

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de encaminar el proceso contra Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés hacia un jurado popular, compuesto por nueve ciudadanos de Madrid, está siendo objeto de una nueva evaluación. Este proceso se lleva a cabo en la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, un órgano que ya había intervenido en el caso.

En febrero de 2026, la misma Sección 23 había revocado una decisión similar del juez Peinado, argumentando que la resolución carecía de la fundamentación suficiente. Los magistrados indicaron entonces que el auto se limitaba a mencionar a las personas implicadas sin detallar los “indicios verosímiles” que se les atribuían, lo que generaba una situación de indefensión. Tras dicha resolución, el juez Peinado elaboró un nuevo auto, emitido el 20 de marzo, que constaba de 47 páginas, en el que reiteraba su posición.

En el documento de marzo, el juez Peinado volvió a señalar la presunta utilización de la “posición institucional” de Begoña Gómez para obtener un cambio “significativo” en su trayectoria profesional, contando con el apoyo de Juan Carlos Barrabés, empresario del sector de Internet, y Cristina Álvarez, descrita como su asistente personal. El magistrado también insistió en que el jurado popular debía conocer de manera conjunta todos los delitos atribuidos, argumentando su “estrecha relación”. Los delitos mencionados son tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, si bien únicamente los de tráfico de influencias y malversación son competencia de un jurado popular.

Argumentos de la Defensa y Postura de la Fiscalía

La defensa de Begoña Gómez, representada por el exministro Antonio Camacho, ha recurrido esta última decisión. En su escrito, al que elDiario.es tuvo acceso, la defensa solicitó la anulación del auto judicial, afirmando que el magistrado “falta plenamente a la realidad” y que el documento está “plagado de conjeturas” y es “falaz”.

"El magistrado la investiga con una voluntad inquebrantable a pesar de no existir indicios, y sólo por ser cónyuge del presidente del Gobierno", argumenta la defensa de Begoña Gómez.

La Fiscalía, por su parte, ha mantenido durante toda la causa que no aprecia indicios de delito. En cuanto al presunto delito de tráfico de influencias, la defensa de Gómez contradice el argumento del juez sobre un cambio “inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de la investigada tras la llegada de su cónyuge a La Moncloa. Camacho especificó que este dato es “incorrecto”, ya que Gómez dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid desde 2014, fecha anterior a que su cónyuge asumiera la presidencia del Gobierno o la secretaría general del PSOE. La defensa añadió que “es falso que su actividad hasta 2018 sólo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y y la consultoría en el Grupo Inmark”.

Configuración de la Sección 23 y Expectativas sobre la Resolución

La Audiencia Provincial ha determinado que la revisión de las alegaciones presentadas por las defensas será realizada por el pleno de la Sección 23, lo que implica la participación de sus cinco miembros, en lugar de los tres magistrados habituales para este tipo de recursos. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indicaron que esta composición ampliada se utiliza generalmente en asuntos de mayor complejidad, lo que sugiere la relevancia atribuida al presente caso.

Aunque las deliberaciones se iniciaron el lunes, la decisión final no se hará pública de inmediato, y se espera que se conozca “pasados unos días”. Además de este recurso, la Sección 23 también examinará otros dos recursos de apelación de menor impacto. Sin embargo, no se abordarán en esta tanda otros cinco recursos pendientes, incluyendo los presentados por las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez contra las medidas cautelares de retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.

Los magistrados responsables de deliberar sobre el futuro judicial de la esposa del líder del Ejecutivo son Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23; Jesús Gómez-Angulo; y Enrique Jesús Bergés de Ramón. Estos tres magistrados han resuelto recursos previos en la causa contra Begoña Gómez, validando partes de la instrucción de Peinado y también rectificando ciertas resoluciones. A ellos se suman Carlos Prat Westerlindh y José Sierra Fernández. Prat Westerlindh es autor de la obra 'Relaciones entre el poder judicial y los medios de comunicación: Los juicios paralelos'. Por su parte, Sierra Fernández fue temporalmente promotor de la Acción Disciplinaria en 2017, órgano con el que el juez Peinado tiene asuntos pendientes relacionados con su instrucción en este caso.

El desenlace de esta revisión será determinante para la configuración de un eventual juicio. En caso de que el procedimiento siga adelante con un jurado popular, los nueve miembros serían seleccionados entre residentes de Madrid y permanecerían incomunicados durante la deliberación. Datos del Consejo General del Poder Judicial de hace una década indican que la mayoría de las sentencias emitidas por jurados populares (el 92%) son condenatorias.

Mientras tanto, el juez Juan Carlos Peinado, de 71 años, disfrutará de su período vacacional a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial. Su retirada forzosa está programada para el 27 de septiembre, al cumplir 72 años. Su mandato finaliza dejando abierta una nueva pieza separada de investigación contra Juan Carlos Barrabés, en relación con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público de Red.es.