Divergencias Institucionales en España por la Acogida de Menores Migrantes en Ceuta

Divergencias significativas han surgido en España respecto a la acogida de menores que accedieron a Ceuta, generando un debate entre el Gobierno central y comunidades autónomas presididas por el Partido Popular (PP). La situación se centra en la capacidad de las instalaciones de Ceuta y las interpretaciones de la legislación vigente, con declaraciones clave de líderes políticos sobre la naturaleza de la situación y las responsabilidades de acogida.

Posturas Institucionales y Marco Legal sobre la Acogida de Menores

La cuestión de la acogida de los menores que llegaron a Ceuta a finales de la semana anterior, cuyo número excede la capacidad local, podría generar un conflicto institucional entre el Gobierno central y las once comunidades autónomas, además de Melilla y Ceuta, presididas por el PP. A pesar de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha solicitado la agilización de los procedimientos para aliviar la presión sobre el sistema de acogida local mediante el traslado de menores a otras regiones, el secretario general del PP, Miguel Tellado, manifestó el martes un rechazo a esta posibilidad.

Tellado solicitó que todas las personas migrantes, incluyendo niños y adolescentes, “vuelvan por donde han venido”. El Partido Popular ya había expresado su oposición el año anterior a una reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno. Esta reforma buscaba precisamente establecer la obligación de las comunidades de participar en el reparto de menores cuando los servicios de acogida de una autonomía se encontraran superados. La modificación legislativa fue finalmente aprobada con el respaldo de Junts.

En este contexto, y consciente de que la ley actual restringe la capacidad de las comunidades para rechazar el reparto de menores, Tellado argumentó el martes que la situación en Ceuta no constituye una crisis migratoria, sino un asunto de “seguridad nacional”. Según sus declaraciones, esta clasificación implica que el Estado no solo no debería considerar el traslado de menores a otras comunidades, sino que, en su opinión, la acción adecuada sería la expulsión de todas las personas involucradas en lo que describió como una “invasión” o “avalancha”. Tellado no excluyó a niños y adolescentes de esta postura al ser cuestionado específicamente sobre su acogida.

"Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, vuelvan a salir."

Miguel Tellado, secretario general del PP

Las afirmaciones de Tellado contrastan con las expresadas por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en una entrevista concedida el lunes a El País. Vivas se mostró a favor de aplicar la ley que obliga a las comunidades a acoger a menores cuando las instalaciones de otra autonomía estén saturadas.

"La ley la vamos a cumplir a rajatabla, porque además esto ya no es solamente legislación nacional, esto son directivas comunitarias y son convenciones internacionales que España tiene firmadas."

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta

Vivas añadió que Ceuta “no puede soportar” el volumen de niños y adolescentes que actualmente se encuentran en sus instalaciones. Las autoridades de la ciudad autónoma estimaron el martes en cerca de mil el número de menores extranjeros presentes en Ceuta, aunque el portavoz del Gobierno municipal, Alejandro Ramírez, indicó que no era posible “dar la cifra exacta, puesto que todavía hay muchos menores por diferentes barriadas y por las calles” de la ciudad. Se prevé que esta cifra aumente a medida que se localice e incorpore a más menores al sistema de protección.

"La situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) es totalmente de caos y de desborde, lo cual hace que la situación ahora mismo sea muy insostenible y muy complicada para la ciudad."

Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno municipal de Ceuta

Posiciones de Partidos Políticos y Compromisos Regionales ante el Reparto

La dirección nacional del PP ha expresado su rechazo a acoger a los menores en las comunidades que gobierna, una postura que coincide con las declaraciones de Vox, tanto a nivel estatal como en las regiones donde cogobierna con el PP, como Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Tras el anuncio del Gobierno de una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a Ceuta para fortalecer sus servicios de acogida, el líder de Vox, Santiago Abascal, rechazó el martes que “ni un euro de los españoles” se destine “a menas, a ilegales, a invasores” o a “mafias del tráfico de personas”.

La formación Vox, a través de su cuenta en la plataforma X, afirmó que “los falsos menas” deben ser “deportados” y “los niños” enviados “a casa con sus padres”. Esta posición se ha reflejado en los acuerdos de coalición que Vox ha suscrito con el PP en diversas comunidades. El pacto de gobierno en Andalucía estableció un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados” y la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Acuerdos similares en Castilla y León, Aragón y Extremadura comprometían a ambas formaciones a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

A pesar de estas declaraciones, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han manifestado que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado (con el voto en contra de PP y Vox después de un periodo de bloqueo), las comunidades gobernadas por el Partido Popular no tienen la facultad de negarse a la acogida de los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación en Ceuta. Si bien las autonomías pueden interponer recursos a cada expediente, las mismas fuentes confían en que estos procedimientos solo retrasen los traslados por unos pocos días.

"Tellado puede negar si quiere que hay oxígeno en el aire que respiramos, pero las comunidades del PP tienen que cumplir la ley."

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia

La Comunidad de Madrid, que ha criticado el sistema de gestión solidaria entre autonomías, también ha abordado la situación. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, declaró el martes que se enviará un grupo de “inmigrantes en situación ilegal” a la región sin “consultar”, y afirmó que esta decisión “retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad”.

El número exacto de menores que serán acogidos en el sistema de la Comunidad de Madrid, así como en el resto de territorios, es aún indeterminado, según el Ministerio de Juventud e Infancia. Esto se debe al procedimiento individualizado que se aplica a cada menor en el sistema de acogida de Ceuta. Este proceso implica la realización de una entrevista para determinar si el menor tiene familia, ya sea en Marruecos o en España, que lo esté reclamando. Solo si no se verifica la existencia de familiares, se buscará su acogida en instalaciones de ONG colaboradoras o en el sistema de otra comunidad autónoma.

En la actualidad, la cifra de referencia para la capacidad mínima de los servicios de acogida en cada autonomía, según el Gobierno, es de 3.009 menores para Andalucía, 2.829 para Cataluña, 2.471 para Madrid y 1.903 para la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la última reforma legal.

Desbordamiento del Sistema y Llamamientos de Organizaciones Humanitarias

La gestión de la acogida de menores migrantes en Ceuta ya enfrentaba desafíos antes de la entrada masiva de personas la semana pasada. El portavoz del ejecutivo municipal había advertido durante semanas que los recursos estaban cerca de su límite. Ahora, tras la llegada de miles de personas, la ciudad necesita ampliar urgentemente sus espacios disponibles. En contraste con los cerca de mil menores actualmente bajo el amparo del sistema de acogida ceutí, el Gobierno central había establecido en marzo de 2025 una capacidad mínima de 29 plazas para Ceuta en su decreto que sentó las bases legales para el reparto de jóvenes entre comunidades, con el fin de aliviar los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla.

El ejecutivo autonómico está trabajando en la habilitación de dos nuevas instalaciones, ubicadas en Loma Margarita y en el entorno portuario, para acoger a parte de los menores que aún no se encuentran en recursos de protección. Estas naves requieren acondicionamiento y se estima que podrían ofrecer capacidad para unas 500 personas, lo que mitigaría parcialmente la situación, pero no la resolvería completamente. Mientras tanto, los servicios municipales y policiales continúan la localización de menores en las calles, trasladándolos a los recursos habilitados para su identificación y determinación de edad, procesos previos a su incorporación al sistema de protección.

Las dificultades en la acogida se suman a la saturación que persiste en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y a los desafíos en otras áreas de la ciudad tras los eventos de la semana anterior. Ceuta ha solicitado al Estado tanto instalaciones como recursos materiales y económicos para asumir la tutela de los menores, una competencia municipal, mientras se reestructura el sistema de protección.

Organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por la situación de los menores. José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España, declaró a elDiario.es:

"Los niños y niñas no acompañados en Ceuta no deberían afrontar un futuro incierto. La máxima prioridad en estos momentos es conseguir que estén en un lugar seguro y acompañados de personal formado para su atención y acogida."

José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España

Vera instó a activar de inmediato “los mecanismos de traslados contemplados en la Ley de Extranjería, para derivarlos a centros según sus necesidades y que garanticen una acogida de calidad y servicios esenciales”. Asimismo, enfatizó el principio básico de “asumir la presunción de minoridad de ese niño y niña, evitando que menores solos estén en centros con adultos”.

El responsable de Unicef España también subrayó la necesidad de realizar un diagnóstico individualizado de “vulnerabilidades y de interés superior del menor” para detectar posibles situaciones de desprotección, como la trata, identificar discapacidades o la posibilidad de que sean solicitantes de asilo y protección internacional, o si tienen referentes adultos contactables. “Y a lo largo de todo el proceso es muy importante escucharlos, conocer sus necesidades y expectativas”, añadió Vera.

ONG especializadas también han manifestado su inquietud por los operativos de traslado de personas hacia la frontera con Marruecos. Save the Children informó que ha recibido información sobre casos particulares de menores que “habrían sido acompañados hasta la frontera”. La organización indicó:

"En algunas de ellas pueden apreciarse personas de apariencia muy joven y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes."

Save the Children

La Cadena Ser reportó el lunes que un niño migrante de 12 años estuvo a punto de ser trasladado a la frontera, siendo esta acción evitada por la intervención de periodistas y un militar de la Legión. Según el medio, el menor fue visto caminando hacia la frontera “obligado por un legionario”, expresando su negativa con la frase: “No, Marruecos, no. No, Marruecos, no”.

Save the Children ha comunicado que ha enviado una carta a los Ministerios del Interior y de Defensa para “solicitar garantías de protección para todos los menores que puedan verse afectados por estos operativos”. Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children, declaró:

"Celebramos que se estén habilitando recursos para atender a los niños y niñas que han llegado a Ceuta, pero nos preocupa especialmente que pueda haber menores entre las personas trasladadas hacia la frontera. Antes de cualquier retorno es imprescindible identificar a cada niño y niña y evaluar individualmente su situación, garantizando siempre su interés superior."

Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children

La especialista añadió que “cualquier eventual repatriación de un niño, niñas, adolescente y joven debe realizarse mediante el procedimiento específico previsto por la legislación española, con una evaluación individualizada y atendiendo a su interés superior”. El Gobierno, por su parte, ha negado la existencia de deportaciones forzosas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó el martes que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan podido devolver a menores de edad a Marruecos en contra de su voluntad, argumentando que “en España se respetan los derechos fundamentales de los menores, evidentemente, como personas vulnerables, pero también de los mayores”.