El Gobierno Central anuncia posible recurso ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Memoria en Andalucía

El Gobierno central de España ha comunicado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si la nueva Junta de Andalucía, formada por una coalición entre el Partido Popular y Vox, procede con la derogación de la Ley de Memoria autonómica, según declaraciones recientes del Secretario de Estado de Memoria Democrática. Esta acción se enmarcaría dentro de una estrategia ya aplicada en otras comunidades autónomas donde se han propuesto normativas que modifican o reemplazan las leyes de memoria existentes.

Contexto del Anuncio y Precedentes

La advertencia formal fue emitida por Fernando Martínez, Secretario de Estado de Memoria Democrática, quien en conversación con elDiario.es este viernes, afirmó que "se recurrirá al Tribunal Constitucional si se deroga" la ley andaluza. Este anuncio se alinea con una política previa del Ejecutivo central, que ya había señalado esta vía legal como respuesta a la sustitución de leyes de memoria por otras denominadas de "concordia" en diversas regiones.

La Ley de Memoria andaluza fue aprobada por el Parlamento de Andalucía en 2017, contando con 67 votos a favor de PSOE, Podemos e IU, y 42 abstenciones de PP y Ciudadanos, lo que implicó que no hubo votos en contra. La propuesta de derogación surge del pacto de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Andalucía.

Este escenario ya tiene precedentes en España, con el Gobierno central habiendo actuado de manera similar en comunidades como Balears, Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria. En Extremadura, el proceso se encuentra en una fase de negociación previa. Estas intervenciones buscan mantener la coherencia con la legislación estatal en materia de memoria democrática, frente a las modificaciones legislativas autonómicas.

Durante un acto de reconocimiento a la memoria de los hermanos León Trejo, fusilados en Sevilla por orden de Gonzalo Queipo de Llano, el Secretario de Estado Martínez enfatizó la determinación del Gobierno de España de ejercer sus competencias en todo el territorio andaluz en materia de memoria.

Puntos del Acuerdo PP-Vox en Andalucía y Perspectivas sobre las Leyes de Concordia

El acuerdo programático entre el Partido Popular y Vox en Andalucía incluye, en su punto 148 de un total de 150, el compromiso de "aprobar una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica". Este objetivo se establece con un plazo para registrar la nueva norma en el Parlamento antes de finalizar 2026. En contraste, el punto 71 del mismo acuerdo, en el apartado educativo, propone la inclusión de la historia del terrorismo en España en los planes de estudio. El objetivo declarado es "concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas" del terrorismo.

El Secretario de Estado, Fernando Martínez, ha expresado su opinión sobre la naturaleza de las propuestas legislativas que denomina "leyes de concordia".

Martínez ha señalado que la Ley de Memoria andaluza fue "la más importante de todas las que se han aprobado" en España, siendo un referente para otras autonomías. Argumenta que, mientras las leyes de memoria "ponen la atención en las víctimas", las "mal llamadas leyes de concordia" que están surgiendo "equiparan" la democracia con la dictadura franquista. Ha añadido que estas normativas "están blanqueando la dictadura, no se dice que existió", lo que, a su juicio, "nos están interpelando a que sigamos defendiendo la memoria y los derechos humanos", pues "sin memoria no hay democracia". Asimismo, ha indicado que "ante el avance del populismo y del neofascismo, la memoria es el mejor antídoto".

Procedimientos Legales y Evaluaciones de Colectivos Memorialistas

La tramitación de discrepancias legislativas entre el Estado y las comunidades autónomas generalmente comienza con un proceso negociador. Si estas diferencias persisten sin acuerdo, el Gobierno central ha procedido sistemáticamente a llevar las derogaciones y sustituciones de leyes de memoria ante el Tribunal Constitucional.

Un caso reciente es el de Balears, donde el pasado mes de junio, la acción del Gobierno central ante el Constitucional se basó en la consideración de que la nueva norma autonómica podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo y dificultar la aplicación de la legislación estatal en materia de memoria. En situaciones similares, se busca que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento judicial, como ocurrió en Cantabria.

Cabe recordar que la sustitución de la Ley de Memoria andaluza por una Ley de Concordia ya había sido un compromiso acordado en 2019 entre PP, Ciudadanos y Vox, como parte del pacto que llevó a Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía por primera vez. Aunque este compromiso no se materializó en ese momento, colectivos memorialistas han manifestado su preocupación por lo que describen como un cumplimiento limitado de la normativa de 2017 por parte del Partido Popular en sus dos mandatos, evidenciando, según su evaluación, un interés limitado en esta materia.