Expansión de Investigación Judicial sobre Expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha ampliado una investigación judicial que involucra al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, abarcando ahora múltiples líneas de indagación que incluyen el rescate de la aerolínea Plus Ultra, sus actividades de asesoría para diversas empresas y la procedencia de objetos de valor. El expresidente ha manifestado formalmente que la causa constituye una “causa general” y ha denunciado lo que considera una vulneración de su intimidad debido a la filtración de información privada.

Las diligencias, a cargo del juez José Luis Calama, se han expandido desde su foco original en la ayuda pública a Plus Ultra para incluir los servicios de consultoría de Zapatero para la empresa Análisis Relevante, sus colaboraciones con entidades latinoamericanas, y el hallazgo de objetos de valor en una caja fuerte ubicada en su despacho.

Orígenes y Desarrollo de la Investigación sobre Plus Ultra

La Audiencia Nacional asumió en marzo las diligencias para examinar la ayuda pública de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra. Esta asistencia económica fue proporcionada para mitigar los efectos económicos de la pandemia. El inicio del caso se remonta a 2024, cuando la Fiscalía recibió alertas de las autoridades de Francia y Suiza respecto a la posible utilización de dicho rescate para alimentar una red de blanqueo de dinero presuntamente vinculada a Venezuela.

La investigación adquirió un nuevo elemento en marzo de 2026 con la incorporación de mensajes intervenidos en Estados Unidos al ciudadano venezolano Rodolfo Reyes. Estas conversaciones fueron incautadas por autoridades estadounidenses en 2021, durante una detención de Reyes en Miami por una investigación sobre blanqueo en ese país. Los mensajes fueron aportados a la Audiencia Nacional española en 2026. Según el juez Calama, algunos de estos mensajes, que aluden a “Zapatero”, sugieren una posible utilización de su influencia para facilitar el rescate de la aerolínea.

Durante un interrogatorio, el magistrado formuló preguntas al señor Zapatero relativas a un posible encuentro con Pedro Sánchez en 2020. El expresidente negó categóricamente cualquier gestión relacionada con la ayuda económica a Plus Ultra, afirmando:

“No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable”.

Los empresarios asociados a la aerolínea, por su parte, enfrentan acusaciones de haber empleado los fondos del rescate para actividades de blanqueo.

Ramificaciones y Nuevas Líneas de Indagación

La investigación se ha extendido más allá del rescate aéreo para examinar las actividades de asesoría. Tanto el juez Calama como la UDEF han expresado la consideración de que los trabajos del señor Zapatero para la empresa Análisis Relevante, propiedad de su colaborador Julio Martínez, podrían no constituir asesorías genuinas, sino una forma de remuneración por el ejercicio de su influencia política. Una consideración similar se ha planteado en relación con la empresa Whathefav, vinculada a las hijas del expresidente, quienes han sido imputadas, aunque no han sido llamadas a declarar hasta la fecha.

En los días recientes, la causa ha incorporado un nuevo informe de la UDEF que atribuye al señor Zapatero el cobro de 200.000 euros de un conglomerado empresarial peruano a través de una sociedad instrumental. La acusación sugiere que estos pagos no se correspondían con servicios de consultoría contractuales, sino con gestiones para interceder ante el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras autoridades, a fin de resolver un litigio económico significativo que la compañía mantenía en ese país. Las bases de esta acusación se fundamentan en mensajes intercambiados por su secretaria, Gertrudis Alcázar, con interlocutores relevantes.

La defensa del señor Zapatero ha replicado que el trabajo de consultoría es “legal por completo” y ha expresado objeciones a lo que describe como una “investigación prospectiva” sobre la totalidad de su actividad profesional. El expresidente boliviano Luis Arce ha negado haber dialogado con el señor Zapatero con el propósito de mediar en el litigio de la empresa, el cual, hasta la fecha, no ha sido resuelto.

Estas líneas de investigación se suman a otro frente abierto durante los registros en el despacho del señor Zapatero en la calle Ferraz: el hallazgo de objetos de valor, valorados en 1,3 millones de euros, resguardados en una caja fuerte. Estas indagaciones múltiples han motivado que la defensa del expresidente solicite la nulidad de las actuaciones judiciales, argumentando la existencia de una “causa general” basada, según su abogado, en pruebas obtenidas ilegalmente.

Disputas Procesales y la Cuestión de la Intimidad

Las objeciones procesales acumuladas ante el juez Calama se centran principalmente en las más de mil páginas de conversaciones telefónicas intervenidas a Rodolfo Reyes en 2021, que cinco años después se han convertido en un elemento central para la imputación. Estos mensajes, aportados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), son objeto de impugnación por parte del expresidente. La Audiencia Nacional, conforme a la práctica habitual en colaboraciones internacionales, deberá solicitar a Estados Unidos la certificación de la cadena de custodia y la legalidad de la obtención, custodia y aportación de los mensajes.

Un reciente escrito de la defensa del expresidente subraya esta postura, calificando la expansión de la investigación como una “causa general” y solicitando que se limite al rescate de Plus Ultra y los trabajos con Análisis Relevante. La requisición y uso indiscriminado de información extraída de sus agendas por la UDEF, se argumenta, excede el objeto de la causa y vulnera derechos fundamentales.

La Privacidad y la Investigación

Durante el registro del despacho del señor Zapatero, la Policía incautó una cantidad significativa de información contenida en agendas físicas, carpetas, unidades USB y discos duros. A esto se añadió la duplicación del dispositivo móvil de su secretaria desde hace más de dos décadas, Gertrudis Alcázar. Esta información fue incorporada a los informes policiales y, en su totalidad, al anexo del informe de la UDEF, quedando a disposición de las 15 defensas y 10 acusaciones populares personadas en el procedimiento.

El expresidente y la señora Alcázar observaron cómo sus comunicaciones privadas fueron divulgadas públicamente, a pesar de que algunos de estos contenidos no estaban directamente vinculados con la investigación judicial. La defensa del señor Zapatero ha calificado esta situación como una “vulneración” a su intimidad, presentando un escrito ante el juez Calama en el que se argumenta:

“No se trata de datos irrelevantes, o minucias y curiosidades sin mayor importancia. Se trata obviamente de datos que dibujan un retrato de las ocupaciones y de las actividades de una persona que no ha perdido ni un ápice de sus derechos”.

El juez Calama, quien facilitó la documentación a las partes, respondió anunciando que deduciría testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables”. La legislación contempla un proceso de “expurgo” para las escuchas telefónicas, destinado a separar lo relevante de lo privado o irrelevante para una investigación. Sin embargo, existe un vacío legal en lo que respecta a la clonación de dispositivos móviles. Expertos jurídicos explican que la responsabilidad de este cribado recae entonces en el juzgado y en la decisión de cada magistrado.

Proceso de Aclaración sobre Objetos de Valor e Implicaciones

Han transcurrido más de cinco semanas desde que agentes de la UDEF realizaron registros en las oficinas del expresidente en la calle Ferraz el 19 de mayo. En este periodo, el señor Zapatero no ha emitido una explicación oficial sobre una de las incautaciones realizadas ese día: los objetos de valor, tasados en más de un millón de euros, encontrados en una caja fuerte procedente de la residencia del matrimonio. Este descubrimiento dio origen a una ramificación del caso, con la apertura de una pieza separada por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando.

El señor Zapatero ha iniciado un plazo, autoimpuesto durante su declaración como investigado, para proporcionar información sobre el origen de los objetos de valor. En aquella ocasión, anticipó que en “una semana o diez días” podría aportar la documentación que acreditara la procedencia y la fecha de adquisición. La única referencia oficial sobre el origen la proporcionó su asistente, Gertrudis Alcázar, el mismo día del registro, indicando a los agentes de la UDEF que provenían de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y de “regalos de viajes”.

La secretaria del señor Zapatero ha sido imputada desde hace una semana, basándose en los indicios de su “participación directa en los hechos” que el juez considera relevantes. Su nombre figura en los informes policiales que sustentan la investigación, debido a su rol en la gestión de las citas del expresidente y su manejo de la cuenta de correo identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

La estrategia del Partido Popular, que utiliza las comisiones de investigación parlamentarias apoyado en su mayoría en el Senado, ha llevado a la señora Alcázar a ser citada para comparecer ante la Cámara Alta. Es previsible que se acoja a su derecho a no responder a las preguntas de los partidos, un patrón observado en otros imputados que han declarado primero en el Senado. El Partido Popular ha anunciado más nombres en su calendario de comparecencias, incluyendo al exministro José Luis Escrivá, en relación con una reunión con el señor Zapatero en septiembre de 2020 que ambos desvinculan del rescate de Plus Ultra, y a Cristóbal Cano, gestor de Julio Martínez.