El Gobierno de España Avanza en la Elaboración de un Decreto de Vivienda: Negociaciones y Propuestas Clave

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda, intensifica las negociaciones con grupos parlamentarios como Junts y Podemos para la aprobación inminente de un decreto de vivienda. Este texto, cuya tramitación se ha acelerado, busca abordar diversos aspectos relacionados con la situación habitacional, incluyendo la protección ante desahucios, la regulación de contratos de alquiler y la implementación de ayudas para propietarios e inquilinos. La aprobación está prevista para el Consejo de Ministros de este martes, en un contexto de movilizaciones ciudadanas y escrutinio público.

Contexto y Proceso de Elaboración del Decreto

El Ministerio de Vivienda, bajo la dirección de Isabel Rodríguez, ha mantenido conversaciones durante el fin de semana con diversas formaciones políticas para finalizar el contenido del decreto. La decisión de avanzar con la aprobación del texto, programada para el martes, se produce en un período de considerable atención pública, particularmente después del desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía en su vivienda desde hace 70 años. Este evento ha generado repercusión y ha impulsado las negociaciones, que, según el Gobierno, buscan "empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional", según declaraciones del presidente Pedro Sánchez.

Desde el pasado julio, la aprobación de este decreto había experimentado retrasos. Aunque inicialmente el ala socialista del Gobierno había priorizado asegurar los apoyos parlamentarios antes de dar luz verde al texto, las expresiones de descontento social y las críticas por parte de formaciones de izquierda han influido en el calendario de tramitación. El anuncio oficial de que el decreto estaría listo para su aprobación esta semana se produjo el domingo, coincidiendo con el segundo día de una acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol de Madrid, surgida tras una manifestación por el derecho a la vivienda.

Fuentes del Ministerio de Vivienda han comunicado que el Gobierno continúa negociando los detalles, pero han confirmado que el borrador se centra en la protección ante los desahucios, "para que no haya una sola Maricarmen más", y en la prohibición de la "compra especulativa a los fondos buitre", una referencia a fondos de inversión. Además, se incluyen la estabilización de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los pisos turísticos.

El paquete de medidas en consideración también contempla bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que reduzcan el precio del alquiler, ayudas para la compra de la primera vivienda, el aseguramiento del parque estatal de vivienda y una reducción del IVA a la construcción de vivienda protegida. El Ministerio de Vivienda ha señalado que la concreción de estos puntos "sigue en negociación" y que el Gobierno busca "construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía".

La confirmación de la aprobación del decreto el martes ha sido seguida de declaraciones de Sumar, que había expresado su disposición a no participar en el Consejo de Ministros si se posponía la puesta en marcha de las medidas. Fuentes de Sumar indicaron que, durante el fin de semana, existió la posibilidad de un retraso, si bien esta eventualidad no se materializó.

Demandas de Colectivos y Formaciones Políticas

A pesar del avance en las negociaciones, a última hora del domingo, los grupos parlamentarios aún no habían recibido una versión completa del decreto, según las fuentes consultadas. El presidente Sánchez ha instado a los grupos a realizar un "último esfuerzo" para la convalidación del texto en el Congreso. El Ejecutivo debe conciliar las exigencias de sus socios de gobierno y las de los partidos en la oposición, lo que implica un complejo proceso de acuerdos.

Una vez aprobado en el Consejo de Ministros, el decreto entrará en vigor, pero deberá ser sometido a votación en el Congreso para su convalidación o derogación en el plazo de un mes. La intención del Ministerio de Vivienda es tener los apoyos asegurados antes de la aprobación inicial.

El Sindicato de Inquilinos, que mantuvo su acampada en la Puerta del Sol, ha manifestado que no finalizará sus protestas hasta la aprobación de un paquete de medidas que considera integral. Este colectivo ha presentado una serie de cinco demandas para el decreto, conocidas como 'decreto Maricarmen':

• Medidas estructurales para impedir los desahucios.
• Regulación de los alquileres por temporada y por habitaciones.
• Congelación de los precios actuales del alquiler.
• Aprobación de prórrogas efectivas.
• Renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos, emulando modelos existentes en países como Inglaterra.

El Sindicato ha declarado que, sin la inclusión de todas estas medidas, "este Gobierno no tiene sentido". El Ejecutivo ha estado trabajando en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para equipararlos a los arrendamientos ordinarios. También se prevé que el decreto contemple la posibilidad de que los inquilinos soliciten una prórroga de sus contratos por dos años con el mismo precio. Sin embargo, se observa una menor probabilidad de que el texto establezca "medidas estructurales para impedir los desahucios", dado el carácter temporal de iniciativas anteriores. Asimismo, la propuesta de convertir todos los arrendamientos en indefinidos no es respaldada por el ala socialista del Gobierno.

Negociaciones con Junts y Podemos: Diferencias y Puntos de Acuerdo

El borrador de decreto que el Ministerio de Vivienda envió en julio fue recibido con reservas por Junts y Podemos. Las razones para esta postura divergían: Podemos rechazaba una reforma de la Ley del Suelo que buscaba flexibilizar la regulación para la construcción de vivienda, mientras que Junts demandaba la inclusión de un mayor número de sus propuestas.

Las exigencias de Junts en julio incluían la exención de impuestos para todos los inquilinos, la ampliación de las deducciones (limitadas en el borrador a jóvenes de 18 a 35 años), la deducción para pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios denominados "exprés" y la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Durante la última semana, el Ministerio de Vivienda ha centrado sus esfuerzos en atraer el apoyo de Junts. Las negociaciones han incluido la consideración de concesiones en materia fiscal. Junts ha manifestado su disposición a negociar, señalando que sus reivindicaciones se centran en la asunción por parte del Ejecutivo de "medidas concretas" de carácter impositivo presentadas previamente en el Congreso.

Entre las demandas de Junts se encuentran deducciones por adquisición de vivienda habitual y para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda. También proponen exenciones para inquilinos con rentas anuales inferiores a 33.000 euros por el alquiler de su vivienda habitual, una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 0% para la compra de vivienda habitual por parte de menores de 35 años, y la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Cataluña. Algunas de estas medidas ya figuraban en el borrador de julio, aunque Junts consideraba que el texto inicial era insuficiente.

Recientemente, trascendió que el Gobierno también ha negociado con Junts la prohibición de la compra de viviendas a fondos de inversión y el veto a los desahucios de inquilinos vulnerables que residan en propiedades de estas empresas. Estas propuestas implican un cambio en las posiciones previas de ambos partidos. El PSOE, hace unas semanas, se abstuvo en la tramitación de una proposición de ley de Sumar que buscaba prohibir la compra de viviendas a personas jurídicas, incluidos los fondos de inversión. Por su parte, Junts, junto al Partido Popular y Vox, rechazó a principios de año la prórroga del "escudo antidesahucios" vigente durante la pandemia.

La fórmula en negociación entre Vivienda y Junts busca un acercamiento en materia de protección a inquilinos vulnerables que no pueden pagar su alquiler. Sin embargo, esta medida afectaría principalmente a familias que residen en pisos propiedad de empresas y fondos, que constituyen una minoría dentro del parque de vivienda en alquiler en España, el cual pertenece mayoritariamente a particulares.

Para abordar esta limitación, el Gobierno también negocia una "solución intermedia" entre la demanda de la izquierda de prohibir de forma indefinida los desahucios y el argumento de Junts sobre la "inseguridad jurídica" para los propietarios frente al fenómeno de la "inquiokupación". Esta solución implicaría la paralización de desalojos de familias vulnerables en inmuebles de particulares hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad disponga de una alternativa habitacional, siendo la administración competente la que asumiría los gastos durante el proceso.