Adquisición de Inmueble por la Comunidad de Madrid: Justificaciones y Cuestiones Pendientes

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, adquirió en abril un ático de 486 metros cuadrados en el Paseo del General Martínez Campos de Madrid por 6,3 millones de euros. Tras la publicación de esta operación en prensa en julio, la administración intentó vender el inmueble, operación que no se concretó, y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, compareció ante la Asamblea regional para ofrecer explicaciones sobre el uso y la justificación de dicha compra.

La adquisición del inmueble, valorado en 6,3 millones de euros, fue efectuada en abril por Planifica Madrid. La decisión de venderlo se anunció en julio, un día después de que la operación saliera a la luz pública, y posteriormente no se concretó. Minutos antes de la comparecencia del consejero García en la Asamblea regional, se informó que el ático permanecería en manos del Ejecutivo. Durante su intervención, el consejero presentó una nueva declaración sobre el propósito del inmueble, indicando por primera vez que la intención era destinarlo a “alojamiento” para autoridades, a diferencia de las versiones previas que lo señalaban como espacio para oficinas.

Un documento presentado por el consejero durante su comparecencia, que aborda los fines previstos para el ático, especifica el uso “institucional de carácter residencial”. Esta descripción difiere de las versiones iniciales proporcionadas por la presidenta madrileña y su equipo. Según la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, en un documento consultado por elDiario.es a principios de julio:

“En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales.”

El Gobierno de la Comunidad de Madrid argumentó que existen “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la tenencia de un “inmueble institucional de carácter residencial”. Este incluiría una zona de trabajo y un área de descanso o alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”.

El plan original de la Comunidad de Madrid era arrendar el piso, adquirido previamente por Planifica Madrid, a partir del 1 de agosto por un importe de 3.000 euros al mes. Este contrato de arrendamiento se firmó el día 28, pero dos días después, el día 30, la Comunidad de Madrid comunicó que ya no lo necesitaba. Esta anulación se produjo 24 horas después de que la operación de compra se publicara en un medio de comunicación.

El inmueble, de 486 metros cuadrados, se encuentra ubicado frente al domicilio donde reside la madre de la presidenta madrileña, un piso que esta última recibió como donación de su padre. El 29 de julio, tras la publicación en prensa de la compra del ático, el Gobierno regional afirmó que el uso del inmueble sería para oficinas. La presidenta justificó la adquisición alegando que se utilizaría para “reuniones” durante la realización de obras en la sede de la Presidencia, ubicada en el edificio de Correos en la Puerta del Sol de Madrid. En esa misma comparecencia, la presidenta afirmó:

“No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada.”

Desde la revelación de la compra, el ático ha sido objeto de debate público. La presidenta ha reiterado que el inmueble no era para su uso personal. En la comparecencia del 29 de julio, también declaró:

“Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas.”

Cambios en las declaraciones del equipo de gobierno

Solo un día después de defender la compra, el gobierno autonómico cambió su postura y anunció la puesta en venta del ático. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, informó a la prensa que el dinero obtenido de esa operación se destinaría a la reconstrucción de las zonas afectadas por un incendio. El expediente revela que la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada”, a pesar de haber firmado el contrato de alquiler solo dos días antes.

La modificación de la postura de la Comunidad de Madrid no recibió el respaldo de la oposición ni de los medios de comunicación, que solicitaron explicaciones a la presidenta y a sus consejeros. Ante la controversia, que incluyó una solicitud de explicaciones por parte de Alberto Núñez Feijóo, líder de su partido, la presidenta atribuyó las responsabilidades al consejero Miguel Ángel García Martín y a su equipo, anunciando su comparecencia en la Asamblea.

Durante la comparecencia, el consejero García criticó a la oposición y presentó documentos posteriores a la decisión de compra para justificar la adquisición. Desde el atril, el consejero de Presidencia sostuvo que la operación respondía a necesidades de su departamento, mencionando, por primera vez, la de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”. Con esto, García reconoció que el inmueble tenía como objetivo alojar a cargos del Gobierno madrileño, lo que difería de las declaraciones previas que negaban el uso residencial.

Para fundamentar su argumento, el consejero mostró una memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local “para el arrendamiento del inmueble”, fechada el 2 de julio de 2026. Este documento se presentó tres meses después de la adquisición del ático en una zona céntrica. La memoria también contemplaba “disponer de espacios accesorios o complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y que pueden requerir de un inmueble de estas características”. Además, se mencionaron informes favorables de la Abogacía General que reconocen un “uso distinto al de vivienda”, elaborados también después de la compra.

El consejero también hizo referencia a un informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y al contrato suscrito entre Planifica Madrid y la Comunidad, el cual “recoge expresamente la necesidad de alquilar este inmueble institucional como apoyo a las sedes oficiales”. El informe de la Dirección General de Patrimonio incluye una valoración de las características del inmueble e indica explícitamente que la Presidencia solicitó el arrendamiento del inmueble con carácter “residencial”.

García afirmó en la Asamblea:

“Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos.”

El portavoz de la Comunidad de Madrid también sostuvo que la oposición ha intentado utilizar la compra del ático para desviar la atención de lo que describió como “una gran mentira” –la idea de que el inmueble era para la presidenta–, con el fin de “tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta”. Al finalizar su intervención, García anunció que el ático seguirá en venta mediante un procedimiento público y que la Comunidad de Madrid presentará querellas contra las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot, y del PSOE, Mar Espinar, por considerar que han cometido un delito de “injurias” contra la presidenta al afirmar que el ático era para ella.

Observaciones de la Intervención sobre la justificación de la adquisición del ático

Posteriormente, se hizo público el expediente de la Comunidad de Madrid, que contenía los documentos mencionados, además de otros mantenidos en secreto hasta entonces, como un acuerdo de confidencialidad con el vendedor, la tasación del inmueble, el contrato de arras, la escritura pública, los gastos notariales y los documentos que acreditan la titularidad del ático por parte de la empresa pública.

Entre los documentos figura un informe de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda con observaciones sobre el proceso de arrendamiento. En el informe se señala que la Dirección General de Patrimonio y Contratación cita un informe que no le fue proporcionado y se lamenta la falta de profundidad en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. El informe añade:

“Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo.”

A pesar de estas observaciones, la Interventora aprobó la fiscalización del expediente de gasto, permitiendo así la continuación de la tramitación administrativa del alquiler del inmueble en el Paseo del General Martínez Campos 35.

Las explicaciones y los documentos presentados no han convencido a la mayoría de los grupos parlamentarios madrileños, a excepción del Partido Popular. Hugo Martínez Abarca, portavoz de Más Madrid en este asunto, manifestó su escepticismo sobre las declaraciones del consejero García. Afirmó dirigiéndose al consejero:

“Usted no pinta nada, es el pelele que ha sacado para que se lleve los golpes que le corresponden a ella. A usted no se le ocurrió comprar un ático con terraza enfrente en el barrio donde se ha criado Ayuso, obviamente.”

Añadió:

“Ayuso quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños.”

Por su parte, Mar Espinar, portavoz autonómica del PSOE, criticó que a García le hubieran “obligado a cometer una ilegalidad” al presentar “informes de consejerías” elaborados “a posteriori” de la compra del ático en abril por el “capricho” de Ayuso. Incluso Vox calificó las explicaciones del máximo responsable de Planifica Madrid como “poco precisas y confusas”.

Una de las cuestiones pendientes de aclaración por parte del equipo de gobierno es quién inició la búsqueda del inmueble y qué cargo político tomó la decisión final de su adquisición. La oposición ha manifestado su intención de mantener este asunto en la agenda legislativa, expresando la convicción de que este caso podría afectar la posición de la presidenta. No obstante, las encuestas publicadas indican que la presidenta mantendría el apoyo de la mayoría absoluta de los madrileños para mantenerse en el cargo.