Investigación del Caso Leire Díez: La Defensa de Koldo García Solicita Autorización Judicial para Revelar Honorarios

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos y condenado previamente, ha presentado una solicitud ante el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional para obtener autorización judicial y revelar la identidad de la persona o entidad que abonó sus servicios de defensa legal. Esta petición se enmarca en la investigación del denominado "caso Leire Díez", una causa que examina una presunta trama de desestabilización de procesos judiciales vinculados a dirigentes socialistas y sus familiares, y en la cual De la Hoz figura como imputada.

El magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, lidera la investigación del "caso Leire Díez", centrada en una supuesta red de actividades destinadas a influir en causas judiciales que afectaban a figuras del Partido Socialista o a sus allegados. La investigación ha identificado un patrón en el que determinados abogados habrían recibido pagos por servicios que la fiscalía considera ficticios, con el presunto fin de redirigir esos fondos hacia Leire Díez. Como parte de esta instrucción, el juez, a sugerencia de la Fiscalía Anticorrupción, ha solicitado los movimientos bancarios de las cuentas de varios abogados implicados para esclarecer la procedencia y el destino de los fondos.

En este contexto, la letrada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García —quien fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción durante su desempeño como asesor—, se encuentra en una situación particular. A diferencia de otros letrados investigados, De la Hoz ha sido eximida de la obligación de presentar los movimientos de sus cuentas bancarias. La abogada está imputada en el caso Leire Díez por una supuesta tentativa de soborno a Carmen Pano, una testigo que previamente declaró haber transportado dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

De la Hoz ha comparecido como imputada en la causa, negando la acusación de Pano y rechazando haber recibido pagos del PSOE por sus servicios legales. Sin embargo, ni la fiscalía ni el juez habían solicitado previamente la identidad del pagador de la defensa de Koldo García, un dato que la abogada considera potencialmente relevante para el desarrollo de la investigación del "caso Leire Díez".

Posicionamiento de la Defensa y la Cuestión del Secreto Profesional

En un escrito dirigido al juzgado, la letrada De la Hoz refuta la argumentación de la Fiscalía Anticorrupción que la vincula al grupo de abogados que presuntamente colaboraron en actividades para influir en procesos judiciales. La fiscalía había señalado una "mecánica semejante" en la que los letrados recibían honorarios de terceros no directamente vinculados a los clientes en causas donde intervenían antiguos miembros del PSOE. Sobre este particular, el escrito judicial original recoge que Leticia de la Hoz no llegó a especificar quién abonó sus honorarios por la defensa de Koldo García Izaguirre, señalando que:

"Leticia de la Hoz, en su declaración, señaló que no le pagó su cliente, tampoco el PSOE, y se acogió al secreto profesional para no facilitar los datos de quien abonó sus servicios como abogada de aquel".

La abogada ha aclarado que su referencia al secreto profesional fue la base de su negativa inicial a identificar al pagador, enfatizando que solo excluyó al PSOE como origen de los fondos. En sus propias palabras durante la declaración, según consta en los registros:

"No me corresponde a mí. Yo no puedo decir quién ha pagado la defensa, de ninguna de las maneras (…) Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta".

De la Hoz argumenta que su ejercicio del secreto profesional para no revelar la identidad del tercero que abonó su defensa ante el Tribunal Supremo ha sido interpretado por la Fiscalía Anticorrupción como un acto de ocultación, lo que, según ella, permite a la fiscalía establecer la "mecánica semejante" con otros letrados. Durante su declaración previa, la letrada solicitó sin éxito la autorización del instructor para divulgar este dato. En su escrito, se especifica que:

"Dicho pronunciamiento judicial, pedido en el acto, no llegó a dictarse".

El letrado que representa a Leticia de la Hoz ha afirmado que su defendida ofreció una vía legal al Tribunal para resolver la situación, consultando al Colegio de Abogados. Esta vía indicaba que el instructor debía declarar si el dato sobre el pagador guardaba relación con los hechos investigados. La cuestión fue formulada directamente por la abogada:

"¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?"

Posibles Implicaciones y Próximos Pasos Procesales

La posición de Koldo García, cliente de Leticia de la Hoz, ha sido objeto de atención pública. Antes de su ingreso en prisión, García concedió una entrevista en la que realizó diversas declaraciones críticas hacia el PSOE y algunas de sus figuras. Estas declaraciones abordaron aspectos como el cuestionamiento de la financiación de las primarias del partido y menciones a dirigentes como Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Rodríguez Zapatero.

En su reciente escrito, Leticia de la Hoz recuerda al magistrado que, durante su declaración anterior, manifestó su disposición a facilitar prontamente las facturas de los servicios prestados a Koldo García, siempre y cuando el juez emitiera la orden correspondiente. La defensa de la abogada subraya que:

"sigue a la espera de ese mandato, y lo cumplirá el mismo día en que se dicte".

La resolución del magistrado Santiago Pedraz sobre esta solicitud será un factor determinante en el avance de la investigación del "caso Leire Díez". La autorización o denegación de la revelación de los honorarios de la defensa de Koldo García podría aportar nuevos elementos al expediente judicial, en un caso que ya cuenta con más de una decena de personas imputadas, incluyendo a la exmilitante socialista Leire Díez, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes. La decisión judicial establecerá si el secreto profesional, en este contexto, debe ceder ante el interés de la investigación para el esclarecimiento completo de los hechos.