Acuerdo entre Urbagestión y EMVS Posibilita el Reingreso de Residente Afectada en Madrid Bajo Nuevas Condiciones

Un acuerdo preliminar ha sido alcanzado entre Urbagestión y los representantes de Maricarmen, una residente de 87 años, permitiéndole la oportunidad de regresar a su domicilio en el distrito de Retiro, Madrid. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid facilitó las negociaciones, que culminaron tras cinco días de movilizaciones ciudadanas, posteriores a un procedimiento de desalojo. La formalización del acuerdo está supeditada a la validación por parte de la afectada, quien se encuentra actualmente ingresada en el Hospital Gregorio Marañón.

Marco del Nuevo Acuerdo de Arrendamiento

El pacto establece que el nuevo contrato de arrendamiento se adscribirá a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que representa un cambio respecto al régimen de renta antigua bajo el cual se regía la ocupación previa. Asimismo, la situación de Maricarmen se integrará en el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), un programa municipal que se diferencia del Plan Reviva, una propuesta inicialmente considerada tras el desalojo. Bajo este nuevo esquema, el precio del alquiler no podrá exceder el 30% de los ingresos netos de la residente, y el contrato tendrá una duración aproximada de ocho años.

El Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que conecta a propietarios particulares con posibles inquilinos. Las condiciones generales de este programa permiten a los inquilinos destinar hasta el 40% de sus ingresos netos al pago de la renta. Actualmente, el SIA cuenta con una disponibilidad de diez viviendas en toda la capital, con precios que van desde los 857 euros mensuales para una propiedad en San Blas hasta los 1.460 euros mensuales para otra situada en Arganzuela. Como parte de las ventajas para los arrendadores adheridos al programa, la EMVS ofrece seguros multirriesgo del hogar y seguros de impago durante toda la vigencia del contrato, además de cubrir el coste del certificado energético obligatorio para cualquier arrendamiento. En referencia al resultado de las negociaciones, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, declaró:

Esto es un hito histórico.

Este desarrollo se produce en un momento en que el Congreso de los Diputados tiene previsto debatir un nuevo decreto de vivienda. Este borrador, negociado entre el Gobierno y diversos grupos parlamentarios, incluyendo Sumar, contempla la introducción de prórrogas en los contratos de alquiler y una prohibición de desalojos para personas vulnerables que se extendería hasta el año 2028, según la documentación inicial.

Cronología del Conflicto y Gestiones Previas

La situación actual se enmarca en una serie de eventos previos relacionados con la vivienda de Maricarmen. El origen del conflicto se remonta a 1956, cuando su padre firmó el contrato de renta antigua por la propiedad, por el que se abonaban 500 euros mensuales. Tras el fallecimiento de sus progenitores, Maricarmen heredó la vivienda en 2005. Los propietarios iniciales mantuvieron el alquiler, pero al adquirir Urbagestión la propiedad, la empresa procedió a revisar el precio, una acción que fue validada por un tribunal, dando inicio al proceso judicial.

Durante el último año, la residente se enfrentó a tres intentos de desalojo antes del evento ocurrido el miércoles. Un intento anterior, a principios de junio, generó movilizaciones significativas y resultó en un aplazamiento del desalojo hasta el 23 de septiembre. Este período de aplazamiento se mantuvo durante el verano sin que cesara el apoyo a la residente. Los esfuerzos para encontrar una solución incluyeron una comunicación vía WhatsApp el 18 de junio entre Maribel Ramos, presidenta de Casa 47, y la abogada de Urbagestión. En esta ocasión, la Empresa Pública de Vivienda ofreció dos posibles alternativas: la adquisición del piso por parte de la entidad para su integración en el parque público, o la negociación de una renta de 500 euros mensuales, complementada por una ayuda pública.

Dos días después, Urbagestión aceptó iniciar un proceso de mediación, si bien rechazó la opción de vender el inmueble, indicando que constituía su único activo de vivienda. A principios de julio, Casa 47 propuso un contrato de siete años con una renta de 1.000 euros mensuales, en el que Maricarmen aportaría 500 euros y el resto sería cubierto por un complemento a su pensión. Urbagestión acusó recibo de esta contraoferta, pero no se registraron avances hasta finales de ese mes. Tras nuevos contactos en septiembre, donde Maribel Ramos señaló la actitud de la letrada, esta última comunicó que sus clientes no confiaban en el Sindicato de Inquilinas.

En este contexto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño, subrayó la importancia de la representación sindical en las reuniones:

Vamos a estar en la reunión. Para Maricarmen es fundamental que esté presente la representación sindical.

A pesar de gestiones adicionales, incluyendo llamadas desde la Secretaría de Vivienda por parte de Leire Iglesias, no se logró un acuerdo previo. Finalmente, el 22 de septiembre, la jueza Elena Cortina Blanco emitió la orden de ejecución del desalojo para el día siguiente. Durante la víspera del desalojo, con una concentración de personas frente a la vivienda, Casa 47 volvió a solicitar un aplazamiento de un mes, sin obtener una respuesta favorable. El desalojo se materializó el 23 de septiembre.

Propuestas Post-Desalojo y Consideraciones Municipales

Dos días después del desalojo, el 25 de septiembre, Urbagestión presentó una propuesta al Ayuntamiento para que la vivienda pasara a ser gestionada por la EMVS. La empresa declaró haber ofrecido a Maricarmen un nuevo contrato de alquiler con un precio entre un 40% y un 50% inferior al valor de mercado, y sostuvo que las propuestas para que terceros asumieran la renta o compraran el piso se realizaron después del lanzamiento. Por otro lado, Casa 47 afirmó que al menos una oferta para cubrir la diferencia de renta ya había sido comunicada a la propietaria antes del desalojo.

El Ayuntamiento de Madrid rechazó la propuesta de Urbagestión ese mismo día, considerándola inviable. Entre sus argumentos, el consistorio señaló que la adjudicación de viviendas debe respetar el orden de prelación de las solicitudes y que el acceso a dichas promociones exige, entre otros requisitos, no haber sido condenado en los últimos cinco años por impago de rentas o en procedimientos de desalojo por problemas de convivencia. La situación de Maricarmen, quien había permanecido en la vivienda tras un procedimiento judicial, no se ajustaba a estas condiciones.