El Decreto de Vivienda: Negociaciones entre PSOE y Sumar y Posicionamiento de Junts Previo a su Aprobación

El proceso de redacción del decreto de vivienda ha generado una serie de negociaciones intensivas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar en el seno del Gobierno, a pocas horas de su prevista aprobación en el Consejo de Ministros. Las discusiones se han centrado en puntos clave como la prórroga de los contratos de alquiler, las medidas anti-desahucios y la regulación del alquiler por habitaciones, mientras el partido Junts ha expresado su postura crítica respecto al borrador actual.

El Sindicato de Inquilinas, con una acampada en la Puerta del Sol de Madrid que mantuvo su actividad durante su tercera jornada, ha solicitado que el decreto incorpore cinco reivindicaciones fundamentales. Entre ellas, destaca la demanda de una renovación automática de los contratos de alquiler para que estos adquieran carácter indefinido.

El Ministerio de Vivienda, por su parte, ha propuesto en su borrador la posibilidad de que los arrendatarios soliciten prórrogas de sus contratos por dos años, manteniendo la misma renta, siempre que el vencimiento ocurra antes del año 2029. Sin embargo, este borrador no contempla la implementación de contratos indefinidos de alquiler. Sumar se ha alineado con la posición del Sindicato de Inquilinas, exigiendo la facultad de los inquilinos para mantener el arrendamiento por tiempo indeterminado, siempre y cuando el propietario no necesite la vivienda para uso personal o de familiares directos, una medida que el PSOE ha declinado incorporar.

Fuentes del ala minoritaria de la coalición indican que la asunción total por parte del PSOE de la exigencia del Sindicato de Inquilinas se presenta como una opción con dificultades. Los proponentes de la medida argumentan que esta podría contribuir a la moderación de los precios y a proporcionar estabilidad a los arrendatarios. En este contexto, la posición de Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación del decreto en el Congreso, también se sitúa distante de estas propuestas, aunque Sumar busca establecer un marco que ofrezca mayor estabilidad para los inquilinos, superando la legislación vigente en ciertos aspectos.

Discrepancias en Torno a las Medidas Anti-Desahucios y el Alquiler Indefinido

Más allá de los contratos indefinidos, Sumar ha manifestado divergencias con el borrador respecto a la protección anti-desahucios, considerándola insuficiente. El texto propuesto por el Ministerio de Vivienda restringe la protección hasta finales de 2028 y limita la suspensión de los desalojos a casos en los que el arrendador sea una empresa o una persona física con tres o más propiedades. Los propietarios con dos viviendas o menos mantendrían la facultad de iniciar procedimientos de desahucio sin restricciones específicas.

Asimismo, la suspensión de desahucios no tendría carácter permanente, previéndose una revisión anual y una duración máxima de tres años. Transcurrido este periodo, si las administraciones no hubieran proporcionado una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad, el proceso de desalojo podría ser reactivado.

En contraste, Junts ha expresado su opinión de que las disposiciones del decreto son excesivas y que el marco de protección anti-desahucios debería excluir a los pequeños propietarios. La formación independentista ha declarado:

A su juicio, el texto “da por buenas las ocupaciones” y deja “sin protección a los pequeños propietarios, dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre”.

No obstante, Junts ha reconocido que el borrador incorpora una de sus demandas: la obligación de las administraciones de cubrir los impagos de las cuotas de alquiler de inquilinos que no puedan afrontarlos cuando se suspenda su desahucio, o de cubrir los gastos acordados con el arrendador, siempre que este no sea una empresa.

En un comunicado emitido el lunes, Junts comunicó que, bajo las condiciones actuales, no podría respaldar el decreto. La formación, sin embargo, aseguró su interés en alcanzar un acuerdo, afirmando:

“El Gobierno español se aleja del acuerdo trabajado en los últimos días y vuelve a poner en riesgo las soluciones en materia de vivienda. Por nosotros no quedará, estamos dispuestos a seguir hablando y trabajando hasta el final para encontrar un texto que dé respuesta a los problemas reales de vivienda”.

Otros Puntos de Deliberación: Alquiler por Habitaciones e Incentivos Fiscales

Otro punto de divergencia ha sido la exclusión por parte del PSOE de la regulación del alquiler de habitaciones en su borrador de decreto, una medida que había sido considerada en negociaciones previas. Fuentes del Ministerio de Vivienda han justificado esta decisión argumentando que la medida podría generar perjuicios a los colectivos más vulnerables. Sumar, sin embargo, busca reintroducir esta regulación, sosteniendo que:

Esta práctica “constituye una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler”.

El borrador del decreto sí incluye una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para asegurar que el alquiler de temporada se someta a las mismas restricciones para los propietarios y ofrezca los mismos derechos a los inquilinos que el arrendamiento ordinario.

En relación con la posibilidad de solicitar una prórroga al mismo precio, el borrador en discusión limita esta opción a los contratos de alquiler que venzan como máximo en 2028, una propuesta respaldada por Sumar. Para acceder a esta extensión de dos años, el inquilino deberá realizar dos solicitudes: una al vencimiento de su contrato original y una segunda al cumplirse el primer año de la prórroga inicial. El propietario solo podrá denegar esta extensión si ofrece al arrendatario una renovación contractual o la firma de un nuevo acuerdo con una reducción de precio de al menos el 5%.

En el ámbito fiscal, el Gobierno ha propuesto la ampliación de las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los propietarios. Estas deducciones podrían alcanzar hasta el 100% de los ingresos por alquiler bajo ciertas condiciones, superando el límite actual del 90%. Específicamente, la exención total aplicaría si los propietarios reducen el precio del alquiler en más de un 5% a sus inquilinos tras la finalización del contrato previo, o si firman un acuerdo con un nuevo arrendatario con una renta inicial inferior al máximo establecido por el índice de referencia del Ministerio de Vivienda.

Otros porcentajes de deducción contemplados son el 95% para alquileres en zonas tensionadas a menores de 35 años, o el 90% si solo se cumple el requisito de la zona tensionada. La deducción actual se extiende al 85% para alquileres a jóvenes de hasta 35 años. Si el propietario mantiene el precio del alquiler a un nuevo inquilino respecto al contrato anterior, el alivio fiscal sería del 50%, disminuyendo progresivamente hasta el 15% si el incremento del precio es del 20%.

Para los inquilinos, el borrador establece una deducción dirigida a jóvenes residentes en zonas tensionadas con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros. Estos inquilinos podrían deducirse hasta el 10% de lo abonado por el alquiler de su vivienda habitual, con un tope máximo de 11.630 euros anuales, en el caso de que sus ingresos se sitúen por debajo de los 23.007,20 euros al año.