Diputada Morales Cuestiona Requisitos de la Comisión de Pueblos Indígenas en Jujuy

La diputada provincial Natalia Morales, del bloque PTS-FITU, ha manifestado su objeción respecto al funcionamiento de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura de Jujuy, señalando que el cuerpo legislativo, presidido por Angélica Castillo (UCR), estaría imponiendo condiciones para la participación de las comunidades en sus instancias de recepción.

Criterios de Acceso para Comunidades Indígenas

La legisladora Morales indicó que la Comisión de Pueblos Indígenas, tras un periodo de inactividad, anunció la apertura de espacios para recibir a representantes de comunidades. Sin embargo, precisó que el acceso a estas instancias fue supeditado a la presentación de documentación burocrática específica. Los requisitos mencionados incluyen contar con personería jurídica actualizada, presentar actas formalizadas y selladas, y restringir la participación exclusivamente a los presidentes de las comunidades.

Salvo en mi caso, el resto de los diputados y diputadas de la UCR, La Libertad Avanza e incluso del peronismo estuvieron de acuerdo con estas condiciones.

Morales estableció una relación entre esta decisión y la postura de la presidenta de la comisión, Angélica Castillo. La diputada refirió que Castillo ha sido objeto de denuncias por parte de comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en relación con supuestas habilitaciones de proyectos mineros sin el consentimiento de la totalidad del territorio.

Debate sobre la Legitimidad y la Burocracia Estatal

Según la diputada Morales, la exigencia de la personería jurídica actualizada como condición para ser recibidos por la comisión representa un criterio excluyente. Argumentó que el trámite para obtener dicha personería es, en ocasiones, demorado o gestionado con discrecionalidad por el propio Estado. La legisladora sugirió que esta situación podría negar la posibilidad de expresión a comunidades, organizaciones o individuos de pueblos indígenas que buscan exponer problemáticas o denunciar vulneraciones de derechos humanos y colectivos.

De esta manera se les niega la posibilidad de ser escuchadas a comunidades, organizaciones o integrantes de pueblos indígenas que buscan plantear problemáticas o denunciar violaciones a sus derechos humanos y colectivos.

En este contexto, Morales alertó que un derecho preexistente de los pueblos originarios podría quedar subordinado a un procedimiento administrativo. Afirmó que este proceso es definido por el mismo Estado, que, en su perspectiva, ha mantenido una relación de discriminación hacia las comunidades indígenas a lo largo del tiempo.

Recepción de Actores y Política Estatal

Natalia Morales también cuestionó el perfil de las personas que han sido recibidas por la comisión, manifestando que se trataría predominantemente de funcionarios del gobierno. En esta línea, sostuvo que la comisión terminaría escuchando principalmente a quienes respaldan la política estatal vinculada a la explotación de recursos mineros, excluyendo a sectores que denuncian afectaciones a sus derechos.

No es casualidad que quienes sí han sido recibidos sean, en gran medida, funcionarios del gobierno.

La diputada Morales recordó haber presentado una nota formal para expresar su desacuerdo con el mecanismo adoptado por la comisión.

Además de haber manifestado nuestra posición en cada reunión, presenté una nota porque considero que este accionar constituye una forma de violencia institucional y estatal.

Finalmente, la legisladora concluyó que la legitimidad de los pueblos indígenas “no puede quedar supeditada a los designios del Estado, a un sello burocrático ni a la decisión de funcionarios de turno”, y remarcó que esa legitimidad “surge de la historia, la organización comunitaria, las autoridades propias y el reconocimiento territorial”. La diputada subrayó el compromiso de su bloque de no ser “cómplices de estas políticas” y de llevar a la Legislatura “la voz de quienes sistemáticamente intentan dejar sin voz”.